El periodo conocido como la Restauración (1875-1923) se enmarca dentro del complejo proceso de modernización política llevado a cabo en las sociedades occidentales a partir de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que acabarían desembocando en su democratización ya en el siglo pasado. España fue una de las primeras naciones en adoptar un régimen liberal en 1812, pero este proceso fue complejo y no estuvo exento de obstáculos, como los intentos de Fernando VII de restaurar el absolutismo, las guerras carlistas o la revolución cantonal. El mayor problema, una vez implantado el liberalismo, fue la dificultad de poner de acuerdo a sus principales corrientes políticas a la hora de estructurar el sistema y definir el acceso al poder. Estas corrientes, una conservadora y otra progresista, carecieron durante los años críticos de conformación del Estado liberal de consensos esenciales para la gobernabilidad y la estabilidad.

Aunque moderados y progresistas aceptaron elementos clave del sistema, como la soberanía nacional y las prerrogativas del monarca, no lograron establecer reglas compartidas sobre el acceso al poder ni sobre el papel arbitral de la Corona. Cada uno defendió su estrategia: los moderados se apoyaron en el respaldo de la Corona y en la centralización, mientras que los progresistas lo hicieron en la insurrección legal, la autonomía municipal y las milicias locales. Los primeros lograron una estabilidad relativa gracias a que, pese a sus defectos, contaban con un modelo de régimen constitucional. En cambio, los progresistas solo disponían de un modelo revolucionario sin una alternativa institucional clara. Así, cuando llegaban al poder —como ocurrió con Espartero— no sabían cómo desmontar ese aparato revolucionario sin poner en riesgo el orden público, lo que les abocaba al fracaso y frustraba la consolidación de un sistema constitucional duradero. Moderados y progresistas terminaron enfrentándose entre sí, lo que provocó un problema grave: el exclusivismo de partido y de constitución.

Esto influyó para que, a partir de 1850, el partido gobernante comenzara a intervenir de manera fraudulenta en las elecciones para asegurarse la victoria y perpetuarse en el poder. El poder ejecutivo, apoyándose en alcaldes afines y en influyentes notables locales dotados de una red clientelar importante, se hizo con los resortes que le permitieron controlar los comicios en la mayoría del territorio nacional. Únicamente en aquellos lugares donde el electorado estaba movilizado —algo que en aquella época era poco habitual— resultaba difícil desvirtuar el sufragio. La falta de sinceridad de los comicios no terminó con el reinado de Isabel II, sino que continuó también, y aún se agravó, durante el Sexenio Revolucionario, esta vez con sufragio universal masculino. La presión de los sucesivos gobiernos, unida al exclusivismo que adquirió la lucha interpartidista, acabó por inutilizar las elecciones como vía de encauzar el pluralismo, lo que se tradujo en el progresivo retraimiento de los grupos de oposición en los años finales de aquel periodo. No obstante, fue necesario pasar por el enorme fracaso de la etapa revolucionaria de 1868 a 1874 para que el liberalismo español en su conjunto, junto con la Corona, comprendieran que, cegada la vía electoral, era necesario el concurso de partidos leales a una misma constitución y una alternancia pacífica en el poder, de modo que el liberalismo pudiera sobrevivir no solo como forma política, sino también como forma de vida económica, social y cultural.