No sería exagerado decir que la Constitución de 1876, que consagra la Restauración de la dinastía borbónica en España, ha sido la más injustamente tratada de nuestra historia constitucional. Este documento, redactado por o bajo la directa inspiración del gran historiador y jurista malagueño Antonio Cánovas del Castillo, es una de las más cuando no la más menospreciada Constitución de nuestra historia. Y no tanto por los reproches que se hacen contra ella, en general justificados, como por el falseamiento de las realidades del régimen constitucional de 1876, así como por la escasa valoración dada a sus virtudes o el silenciamiento de las mismas.

Los reproches más justos suelen estar asociados a la práctica del caciquismo, que no puede negarse. Pero deberíamos ser prudentes con ese tipo de acusaciones que algunos centran en el régimen de la Restauración como si no hubiera habido caciquismo antes o después, e incluso hoy, con nuevas formas, en España y en otros países europeos.

Desde una ideología progresista del derecho constitucional, Solé y Aja han lanzado acusaciones contra el régimen de la Restauración al que califican de "autoritario" y donde se producía "la mayor explotación, en comparación con la Europa occidental, que padece la clase obrera y el campesinado español". Algunos entienden que la remisión que hacía la Constitución a las leyes para el desarrollo de ciertos derechos "en la mayoría de los casos" comportó "un sometimiento" al "arbitrio de los gobernantes" y las leyes aprobadas por este régimen en materia de imprenta, reuniones o la ley de enjuiciamiento criminal buscaban el "objetivo de restringir las libertades" y "facilitar el control del gobierno sobre las actividades públicas".

Igualmente es frecuente que los autores que estudian la Restauración indiquen que ésta fracasó al ser incapaz de atender a las demandas de partidos y asociaciones socialistas, anarquistas y regionalistas, principalmente.

UNA CONSTITUCIÓN ESCRITA Y (PARCIALMENTE) ABIERTA. Una de las características más singulares de la Constitución de 1876 es su carácter abierto tanto en su forma como en su contenido. Pero esa apertura llevó a una doble paradoja, algo que exige una matización. Formalmente la de 1876 era una Constitución flexible que podía reformarse por un parlamento ordinario a través del procedimiento legislativo. A semejanza de los textos constitucionales de 1837 y 1845, el de 1876 no previó un procedimiento de reforma, lo que resultaba consecuente con la idea de Constitución flexible. De ahí, y a la luz de la práctica de los textos de 1837 y de 1845, se ha deducido que la Constitución de 1876 era un texto flexible que podría reformarse por una simple ley de unas cortes ordinarias.