Acción Española (AE) fue una revista monárquica que se fundó en 1931 para unir a los intelectuales contrarios a la Segunda República. Sus colaboradores argumentaban que España había sido desde siempre un país monárquico y católico y que, por tanto, la existencia de una república laica suponía una grave desviación de su historia. Por ese motivo, quisieron combinar teoría y acción para justificar, a través de sus artículos, un golpe de Estado que derrocase al entonces presidente del Gobierno, Manuel Azaña. La ocasión la encontraron el 10 de agosto de 1932, cuando el general José Sanjurjo se sublevó en Sevilla.
Retrato de grupo con José Cruz Conde, José Calvo Sotelo y Víctor Pradera en el Casino de la Exposición. Realizada después del banquete que se celebró tras el mitin del Bloque Nacional. Fuente: Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.
Incendio del Círculo Mercantil en la calle Sierpes, 69 y 71, tras la reacción popular ante el levantamiento de Sanjurjo. Fuente: Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Sánchez del Pando.
Los artículos de Acción Española fueron leídos con interés por quienes rechazaban las reformas implantadas por el gobierno republicano-socialista y se mostraban dispuestos a secundar un golpe de Estado
«Y la cuestión se reduce a esto: ¿es o no un dictador el señor Azaña?». El 16 de marzo de 1932, cuando apenas faltaba un mes para conmemorar el primer aniversario de la proclamación de la Segunda República, el periodista monárquico Joaquín Arrarás (1898-1975) hizo esta pregunta a los lectores de su revista. El foro era, desde luego, el más oportuno. Se trataba de una publicación que había sido creada algunos meses antes con un único objetivo: demostrar que la nueva república era un régimen ilegítimo y que el entonces presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, Manuel Azaña Díaz (1880-1940), era un dictador, un tirano, un «Robespierre» que tenía que ser derrocado.
La revista en cuestión se llamaba Acción Española (AE), una publicación monárquica que se fundó en diciembre de 1931 para justificar con sus artículos la rebelión contra el nuevo régimen y sus dirigentes. Sus colaboradores, entre quienes se encontraban políticos e intelectuales como Ramiro de Maeztu (1874-1936), José Calvo Sotelo (1893-1936) o Víctor Pradera (1872-1936), no eran demócratas y entendían que tenían que actuar al margen de la legalidad para poner fin a la experiencia republicana. Para legitimar su actuación, utilizaron y difundieron una interpretación de la historia del país con la que entendían que España había sido, desde siempre, un país monárquico y católico en el que unas «fuerzas de la antipatria» habían usurpado las instituciones el 14 de abril de 1931, pretendiendo con sus leyes y reformas «perseguir y maltratar a los católicos» y asumiendo que ellos tenían el deber de combatirlas «con los medios que impone la cirugía política moderna».