QR - Represión y depuración en la Diputación de Sevilla (1936-1939)

El establecimiento de modelos interpretativos sobre el pasado a partir del análisis crítico de los datos extraídos de las fuentes consultadas suele ser la aspiración última de una monografía. La formulación de hipótesis y su contraste son elementos constitutivos de ese quehacer. Sin embargo, hay todo un espacio para la publicación de otro tipo de obras que compilan datos del pasado reciente o recogen testimonios de sus protagonistas, algo especialmente útil en el caso de la historia contemporánea debido a la mayor disponibilidad de documentos con respecto a períodos más remotos. Estos trabajos tienen la virtud de poner a disposición de los historiadores una información ordenada que, a la vez, les ahorra un tiempo precioso permitiéndoles avanzar en sus investigaciones, convirtiéndose en referencias documentales. Hay que advertir que la publicación de una determina fuente -sean unas memorias, una recopilación de datos o, como es este caso, un censo de funcionarios y empleados represaliados— no implica una identificación o sesgo de sus autores con el objeto sobre el cual se ha trabajado, como con ligereza se prejuzga desde posiciones que aúnan profundo desconocimiento y ciega bandería. Por el contrario, su propósito se resume en ofrecer a especialistas y público en general una serie de fuentes que, como todas, ni son completas ni son una interpretación objetiva del pasado. Nos proporcionan un valioso material para posteriores análisis; un fundamento documental al que solo es exigible honestidad y meticulosidad en el tratamiento de los datos obtenidos. Y este libro es un ejemplo de ello. Del fruto de sus páginas se desprende las dificultades y las limitaciones de la información pues no todos los expedientes personales se han conservado. Pese a ello, sí ofrece una imagen bastante nítida del drama de la represión profesional en el seno de una institución durante la Guerra Civil. Y entre los datos aportados se hallan varios elementos de interés para posteriores estudios de los cuáles destacaríamos tres, dado el espacio acotado de una breve reseña. Por una parte, constata que la oleada represora tuvo unos ritmos específicos y se concentró en el año 1936 al tratarse de una provincia que quedó en la retaguardia de los sublevados en aquel mismo verano. Por iniciativa de la autoridad militar se ordenó el cese de 217 funcionarios y empleados de la Diputación sevillana, algunos de los cuales fueron detenidos y a otros incluso ya se les había arrebatado la vida. Tras esa represión, en 1939, se practicó la depuración. Y es preciso subrayar que represión y depuración son conceptos que, a veces, se confunden e intercambian, pese a ser distintos. La depuración consistió en un proceso de investigación sobre todos los empleados que podía terminar en cese (si era hallado "culpable") o en el mantenimiento de su puesto (al demostrar su "inocencia"). Pues bien, el resultado fue que se tomaron declaraciones juradas a todos ellos (un total de 668) concluyéndose que ninguno de ellos tenía "responsabilidades políticas". La depuración había concluido en las plantillas de personal de la Diputación sevillana.