El 11 de febrero de 1873, hace 150 años, diputados y senadores proclamaban la Primera República. Se iniciaba, de esta manera, un proceso que apenas duró once meses, porque lo vivido en 1874, tras el golpe de Manuel Pavía, aun titulándose república, fue otra cosa. Además de breve, la republicana fue una experiencia complicada que contenía expectativas sociopolíticas diversas y que por mor de la radicalidad de algunas de esas esperanzas y por las incapacidades y vacilaciones de sus elementos rectores fue rápidamente abortada. Para el bien, se asegura a continuación, ahora como entonces, del orden social y de la unidad de la nación amenazados. Todo ello, aunque sesgado, no está del todo falto de razón, y opera como un balance interpretativo que resuelve un momento del pasado que no acaba de encajar en los relatos históricos canónicos.
Lo que aquí proponemos es recordar que, con todas las consideraciones que deban hacerse, se trató de un episodio medular en la azarosa historia de las democratizaciones y junto a ello, que Andalucía fue una de las geografías determinantes del episodio republicano en su conjunto.
Por ponernos de acuerdo en un par de enunciados iniciales formulo dos de aparentemente contradictorios: el primero sería que, como dijo el gaditano Emilio Castelar, la república la trajeron no los republicanos sino "las circunstancias". El segundo asumiría que, como se ha dicho, de la república se esperaban, en Andalucía y entre los andaluces, como en el resto de España, cosas diversas, ambiciosas aunque incompatibles entre sí.
Desde hacía décadas, en el marco de la revolución liberal se venían produciendo distintas modalidades de exclusión política, apropiación de bienes por parte de viejas y nuevas élites sociales y limitaciones a la expansión de una arena pública liberada, entre otras, de tutelas clericales. Una de las respuestas generadas fue la emergencia de una difusa cultura republicana que, si propiciada por elementos patricios, aspiraba a la estabilización de derechos y a la sujeción de la ciudadanía a la ley establecida por la soberanía nacional, pero que, si surgía en medios plebeyos o entre reformistas sociales preocupados por los efectos deletéreos del concepto burgués de propiedad en la vida material de artesanos o campesinos, iba más allá y propugnaba un horizonte fraternal que habría sido eclipsado por el liberalismo doctrinario.
En las décadas previas a 1873, Andalucía había sido un territorio en el que lo republicano había operado en las principales ciudades y en el mundo rural, mediante la participación en logias masónicas o en tertulias, casinos democráticos y redacciones periodísticas. También se había constituido, en las ocasiones en las expectativas democratizadoras se truncaban -recuérdese el caso del cierre del Bienio Progresista (1854/1856)-, en el común denominador de insurgencias y motines.