Desde el fracaso inicial del golpe militar del 18 de julio de 1936 y el comienzo de la Guerra Civil quedó claro, especialmente para los sublevados, que se estaba ante algo más que un conflicto bélico entre dos fuerzas armadas. Se planteó como una guerra de exterminación de cualquier elemento contrario al golpe y al régimen que se estaba gestando, algo que queda patente ya en los primeros bandos de guerra. Parafraseando a Von Clausewitz, tan admirado por los militares sublevados, la represión se convirtió en la continuación de la guerra por otros medios, con la persecución y depuración y/o eliminación organizada y metódica de los enemigos del régimen allí donde se encontraran. Uno de los puntales de esa política sería la creación de una serie de servicios, dependientes de la jefatura del Estado, y con sede en Salamanca, con la misión de requisar la documentación de organizaciones de todo tipo y particulares cercanas al Frente Popular con el objetivo de, una vez procesada la información, servir de apoyo a las tareas represivas de los departamentos de las distintas jurisdicciones. Esa documentación requisada y la generada por la propia Delegación Nacional de Servicios Documentales, como se pasa a llamar el Servicio en 1944, es el objetivo del convenio firmado en 1993 por la Junta de Andalucía, en la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, hoy integrada en el Centro Documental de la Memoria Histórica. EL CONVENIO. El convenio firmado el 17 de noviembre de 1993 (BOJA 33 de 17/3/1994) tenía como objetivo último la realización de una Guía de Fuentes para la Historia de Andalucía a partir de los documentos conservados en la sección "Guerra Civil" y la reproducción de los mismos. Una comisión de seguimiento, recogida en el convenio y formada por personal técnico del Archivo Histórico Nacional y del Archivo General de Andalucía, se encargó de supervisar la marcha de los trabajos y de establecer algunas cuestiones del procedimiento a seguir. En este sentido, era importante determinar el campo de aplicación del proyecto, dado que el criterio puramente geográfico no resultaba operativo salvo en alguna sección muy específica del archivo como es la Especial o de Masonería. La pauta a seguir fue la selección de "fondos" claramente de procedencia andaluza, además de aquellas series en la que estaba clara la ascendencia andaluza o con estrecha relación con Andalucía. El trabajo de campo en el archivo de Salamanca corrió a cargo de archiveros contratados por la Junta de Andalucía y se desarrolló en varias fases: localización de de documentación sobre Andalucía en las secciones Político-Social y Masonería del archivo; descripción de la documentación identificada para la Guía de Fuentes y, por último, microfilmación. Dado que se trata de una selección, aunque amplia, de los fondos conservados en Salamanca, para una mayor profundización en el tema es aconsejable la consulta en el Centro Documental de la Memoria Histórica de esa ciudad, destinado a ser un centro de referencia para el estudio de la Guerra Civil y el franquismo. Allí se encuentra, entre otros, el fondo del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, principal destinatario de las informaciones suministradas por la Delegación Nacional de Servicios Documentales a partir de los documentos que, en la parte relativa a Andalucía, son objeto del convenio. SECCIÓN ESPECIAL O MASÓNICA. Se trata de documentación incautada a las organizaciones masónicas de Andalucía y norte de África, así como la elaborada sobre las mismas por los servicios gubernamentales, y está organizada en expedientes de instituciones, expedientes personales y expedientes de asuntos masónicos. Conviene destacar la importancia de esta documentación, tanto por el desarrollo que la masonería adquirió en nuestra región, como por el papel de destacados masones andaluces en la política nacional, como es el caso de Diego Martínez Barrio, Gran Maestre de la Logia del Mediodía y del Grande Oriente Español, y relevante protagonista de la Segunda República.