Columnas
Andalucía en sus documentos

Cuarenta años de la primera Ley de Archivos de Andalucía

Aniversario de una norma fundamental para Andalucía

ESTHER CRUCES BLANCO
DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

¿Son necesarios los archivos? ¿Importan los archivos? En algunas ocasiones hay quien se acuerda de ellos. Andalucía no olvidó sus archivos en los albores de su autonomía. Los archivos son unidades administrativas e instituciones imprescindibles para la gestión, para garantizar el acceso a la información contenida en los documentos y para la preservación del patrimonio documental. Los archivos antes que instituciones culturales son indicadores de la consolidación democrática.

La génesis y la publicación de una ley tiene componentes evidentes, entre ellos, aquellos derivados de los procedimientos legislativos y administrativos y otros que han de ser analizados en relación con los contextos políticos y temporales, porque cada norma es fruto de un momento histórico; pero no ha de ser descartado el papel jugado por los protagonistas de esos tiempos. La Historia estudiará esos procesos y la primera Ley de Archivos de Andalucía ya forma parte de la historia reciente. Los archivos y los documentos están vinculados a la memoria, a la Historia, al patrimonio histórico, pero también al acceso, a la rendición de cuentas y a las necesidades informativas de la sociedad. Axiomas contemporáneos pero, también, conocidos en el pasado si bien hubo que transitar un largo y áspero camino hacia estas consideraciones; Andalucía estuvo a la cabeza de ello hace cuarenta años. El patrimonio documental está asociado a los archivos, pero las funciones de éstos van más allá de la materia cultural; esta visión fue entendida por la Junta de Andalucía en los albores de su existencia; de aquí partió la génesis de una ley de archivos de y para Andalucía, dentro de la política cultural andaluza iniciada en 1978, fecha en la que se creó la Consejería de Cultura en el primer gobierno andaluz, durante la etapa preautonómica. Se ha de considerar que la cultura se incorporó a la construcción autonómica andaluza con un alto grado de protagonismo vindicativo; al mismo tiempo, se entendió la necesidad de construir con cierta urgencia una administración cultural que impulsara la creación de un sistema cultural andaluz. Todo esto, además, en un periodo de tiempo relativamente breve. El Consejero de Cultura, Rafael Román Guerrero (con responsabilidad como tal entre 1981-1984), así lo entendió: los archivos, las bibliotecas y los museos debían ser instituciones vertebradoras de una nueva administración, del proceso de construcción del Estado de las Autonomías (1978-1982), de una nueva estructura del Estado Español.

Archivo General de Andalucía.

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La Consejería de Cultura estuvo presente desde los inicios, lo que denota la importancia política que se le dio a esta materia. En este contexto político hubo voluntad y convencimiento de que también los archivos eran instituciones necesarias y que darían consistencia y estructura interna a una nueva administración. Y a la cabeza de este soporte institucional y administrativo se ha de recordar a Rafael Escuredo Rodríguez, primer presidente constitucional de la Junta de Andalucía. Pero no hemos de olvidar a una figura fundamental de estos inicios y que siempre entendió la relevancia de los archivos y de los documentos como pilares estratégicos y necesarios: nos referimos a Juan Antonio Lacomba Avellán, director general de Patrimonio Cultural en el primer gobierno andaluz, buen conocedor de los archivos y de la potencia informativa de los documentos, para quien una ley de archivos figuraba en su bagaje desde el principio de su responsabilidad política. Junto con unos planteamientos políticos, ha de ser tenido en cuenta el marco normativo que permite el desarrollo de los mismos, por lo que se ha de partir de la Constitución Española (arts. 148.1. 15 Y 149.1.28) que establece el régimen de los archivos, bibliotecas y museos y el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
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