Hacia el ecuador del Seiscientos, la Monarquia Hispánica se malaba inmersa en una compleja coyuntura a nivel doméstico e internacional. La firma de la Paz de Westfalia en 1648, de la que Felipe IV no salió bien parado, puso fin a la costosa guerra contra las Provincias Unidas reconociendo finalmente su independencia. 

Sin embargo, el enfrentamiento con la Francia del cardenal Mazarino estaba aún lejos de terminar, mientras las rebeliones de Portugal y Cataluña, iniciadas en 1640, seguían su curso. Todos estos frentes, y la importante deuda acumulada, demandaban grandes sumas de dinero que no podía satisfacer una Hacienda Real muy mermada por las décadas en guerra. 

La Corona trató de sufragar sus numerosos gastos mediante una intensa política fiscal que, sumada a las malas cosechas y a las tensiones internas presentes en cada comunidad, provocó una oleada de motines y tumultos en diversos puntos del sur peninsular. Las revueltas de Ardales (1647), Granada (1648), Torredonjimeno (1649), Vélez-Blanco (1650) o Córdoba (1652) son solo algunos ejemplos de estas "alteraciones andaluzas", como fueron nombradas por Domínguez Ortiz hace justo medio siglo. 

En Sevilla, espacio fundamental para la Monarquía, el panorama no era mucho más halagueño. Si bien la ciudad no atravesaba su mejor momento, la mayor calamidad llegaría en 1649, año en que la ciudad del Betis hubo de sufrir una mortífera epidemia de peste que trastocaría para siempre su devenir. Se estima que a su paso perecieron unas 60.000 personas, lo que suponía nada menos que la mitad de la población. La enfermedad se cebó especialmente con los barrios más humildes, donde residía buena parte de la mano de obra de una ciudad que, según una crónica anónima, "quedó casi despoblaba; no hallándose oficiales de ningún oficio para obrar", lo que motivó la subida de los jornales, animando la llegada de trabajadores forasteros desarraigados. 

Pero los conflictos bélicos no respetaban el luto y en 1651 las tropas de Felipe IV pusieron sitio a Barcelona en un momento en el que la inestabilidad interna de Francia, sacudida por la Fronda, invitaba a intervenir sin demora. Para costear sus empresas, la Corona decidió tomar un "vaso de veneno", como diría el valido Luis de Haro, y llevar a cabo una agresiva maniobra que entrañaba grandes riesgos. Así, el 11 de noviembre de 1651 se publicó una pragmática que mandaba resellar la moneda de vellón multiplicando por cuatro su valor nominal con el único interés de recaudar las ganancias derivadas. Para supervisar su cumplimiento, el Consejo de Castilla envió a Sevilla al fiscal don García de Porras, quien se ganó rápidamente la animadversión de los sevillanos por su dureza a la hora de perseguir y castigar a los sospechosos de realizar resellos fraudulentos y de no respetar el premio fijado. 

Además, al fiscal le fueron encomendadas otras comisiones que tenían como objetivo la recaudación de plata con la que satisfacer las necesidades hacendísticas, pues la moneda de vellón no era aceptada en los mercados europeos. Porras requirió que, a la llegada de los deseados galeones, los acreedores que esperaban la plata recibiesen sus pagos en vellón y que las mercaderías americanas que venían a bordo le fueran entregadas a cambio de la misma moneda. El fiscal llegó a investigar los libros de los comerciantes, ofensa que terminó con su paciencia y suscitó que muchos de ellos interrumpiesen sus operaciones, dando lugar al cierre de talleres artesanos que dependían directamente de estas. 

La política monetaria llevada a cabo por Felipe IV y sus consejeros afectó dramáticamente a la economía sevillana, una de las principales fuentes de ingresos de la Corona. La mala fama del vellón provocó el alza de los precios y la detención de numerosos tratos comerciales, pues los vendedores temían tener pérdidas si, como se preveía, la moneda volvía a su valor anterior. 

Especialmente sensible resultaba el encarecimiento del trigo y del pan, alimento que constituía la base de la dieta de la mayor parte de la población y casi el único sustento de los trabajadores más humildes. El precio de estos productos ya se había inflado durante los años anteriores debido al encadenamiento de malas cosechas, ocasionadas por las sequías, riadas y tormentas que se sucedieron en el Bajo Guadalquivir. La peste también causó estragos en un mercado al que los "acaparadores" acudían a comprar grano para revenderlo luego a un precio mayor. 

La escasez se unió al descrédito de la moneda provocando que, en las semanas previas al motín, se llegasen a pedir las desorbitadas cantidades de 6 reales por una hogaza de pan y 120 reales por una fanega de trigo, cuando el jornal de un trabajador a mediados de siglo podía oscilar entre los 4 y 6 reales. De poco sirvieron los remedios ensayados por las autoridades de la ciudad para bajar el precio del pan.