Los colectivos sociales están dotados de una memoria compartida que se constituye a partir de multitud de memorias individuales que se relacionan, mediante la palabra y lo escrito, entre sí y a través de distintas generaciones, conformándose la imagen que el propio colectivo proyecta sobre su pasado: su memoria histórica o colectiva.

Desde hace algunas décadas la historiografía ha ido paulatinamente incorporando, a la historia factual de los hechos, la memoria colectiva de los acontecimientos, ofreciendo una solución al bloqueo entre objetivismo y subjetivismo. Se trata de superar los límites tanto de lo factual como de lo individual, para poder acercarnos a la historia social del colectivo, incorporando la auto-representación que tiene de sí mismo.

Para conocer el pasado de la clase trabajadora andaluza y su devenir, su cotidianidad y sus hábitos de sociabilidad, sus condiciones de vida y de trabajo, sus principales preocupaciones y cómo las transmitían, las organizaciones que formaron para defender sus intereses y el papel que individualmente jugaron en ellas, es necesario conocer tanto los hechos y circunstancias que determinaron su devenir, como las percepciones y las actitudes que sus protagonistas tenían sobre los mismos. Esta doble vertiente, que conjuga la importancia tanto de los acontecimientos como de los recuerdos de los mismos, tiene reflejo en el patrimonio documental que conserva el Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía, que se ha convertido, tras más de tres décadas de funcionamiento, en un repositorio de la memoria obrera andaluza.

Para entender la complejidad del trabajo de recuperación de la documentación y de creación de los archivos de las Comisiones Obreras es necesaria una pequeña introducción. Finalizada la Guerra Civil, la dictadura franquista prosiguió con la tarea, iniciada tras el golpe militar, de disolver todo el entramado civil —partidos políticos, sindicatos de clase, ateneos, cooperativas, centros culturales y recreativos— que estructuraba la sociedad española. La represión no solo alcanzó a los sindicalistas y dirigentes republicanos y de partidos de izquierda, sino también al patrimonio y a los bienes de las entidades que representaban. Asimismo, fueron abolidos los derechos conquistados por la clase trabajadora en las primeras décadas del siglo XX y el Nuevo Estado franquista se presentó como garante de la conciliación de las clases sociales a partir de una nueva legislación laboral y de la creación de la Organización Sindical Española, el sindicato falangista oficial.

La imposibilidad legal de organizarse laboralmente al margen de las estructuras del Sindicato Vertical propiciaría, de forma aislada durante los años cuarenta, que algunos grupos de obreros y obreras se plantearan movilizarse para reivindicar mejoras en las condiciones salariales y de trabajo.

A fines de la década de los cincuenta y, fundamentalmente en los sesenta, con la creación de los Jurados de Empresa, pudieron participar en las elecciones sindicales convocadas por la dictadura, a la vez que organizarse e iniciar protestas laborales. En estos años se produjo la aparición de unas formas de actuación y de organización que se denominaron Comisiones Obreras (CCOO). El papel que desarrollaron, inicialmente en las empresas, y su potenciación en los primeros años sesenta fue fundamental para que adquiriesen un papel destacado en la lucha contra la dictadura y en la consecución de la democracia española.