Los Archivos Empresariales son una de las fuentes fundamentales para el estudio de la historia económica. Custodian los documentos recibidos y producidos por las sociedades mercantiles, imprescindibles para cumplir su finalidad de producir, transformar y comercializar materias, bienes y servicios, también para la defensa de sus intereses y la conformación de una imagen de marca corporativa.

Al respecto, es preciso realizar diversas aclaraciones. No cabe identificar exclusivamente a los archivos de empresas con los industriales, ya que aquellos se refieren a cualquier actividad económica. Los "archivos del mundo del trabajo" no solo conservan documentación de empresas, también de organizaciones patronales y sindicales, colegios profesionales e instituciones públicas y privadas. También hay que indicar que para investigar sobre la historia económica andaluza habría que recurrir a los materiales documentales custodiados en otras tipologías de archivos, como los eclesiásticos, nobiliarios y familiares, etc.

Al tratarse Andalucía de un espacio en el que históricamente ha sido relevante la presencia de inversiones de otros lugares de España y del extranjero, así como de empresas públicas, se explica que parte del patrimonio documental empresarial se encuentre fuera de la Comunidad Autónoma andaluza. Sin embargo, en este texto nos detendremos en el que se conserva en la región.

Cabe destacar la poca valoración por los Archivos Empresariales en Andalucía y España, que se explica en buena medida debido una estructura empresarial en la que históricamente han predominado las pequeñas y medianas empresas y a que la sociedad ha minusvalorado a las empresas en determinadas etapas históricas, también al empresariado.

En cuanto a la legislación que atañe a los Archivos de Empresas de Andalucía, la Comunidad Autónoma ha sido pionera en el desarrollo de un corpus legislativo sobre archivos y patrimonio documental. La Ley de Archivos 3/1984, de 9 de enero, fue la primera disposición sobre la materia aprobada por el Estado de las Autonomías, precediendo a la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. A la Ley de 1984, le han sucedido la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Ley 3/1999, de 28 de abril, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, y la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía.

La Ley 14/2007 establece que el Patrimonio Histórico Andaluz "se compone de todos los bienes de cultura, materiales e inmateriales en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, documental, bibliográfico o científico o industrial para la Comunidad Autónoma". Obliga a las personas propietarias o poseedoras de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía, a conservarlos, deber que también concierne a los Archivos de Empresas.

El Capítulo I del Título VIII define el Patrimonio Documental de Andalucía como "los documentos de cualquier época, conservados, producidos o recibidos por las personas o instituciones de carácter público o privado, estén reunidos o no en los archivos de Andalucía". Esto supone que extiende lo establecido en la legislación estatal (Ley de 1985 y Real Decreto de 1986), que solo considera que forma parte del Patrimonio Histórico Español los documentos de más de cien años.