Ubicado en uno de los barrios con más solera de la capital cuya planificación se inició tras la conquista de Granada, el Archivo Histórico de Protocolos tiene su sede en un edificio monumental, el Palacio de los Ansoti. Un bellísimo ejemplo de arquitectura señorial barroca del siglo XVII, propiedad del Colegio Notarial de Andalucía desde 1926, institución responsable de la gestión del Archivo.

Comprender la naturaleza de la documentación que recoge, conserva y difunde el Archivo Histórico de Protocolos de Granada, a la par que valorar su transcendencia como fuente para avanzar en distintas ramas del conocimiento humano, no es posible sin una retrospectiva de la historia del Notariado. Una institución cuyo origen y función se conecta con el progresivo protagonismo que, desde la Antigüedad hasta nuestros días, ha ido adquiriendo el documento escrito. Un recurso imprescindible para llevar a cabo las tareas de gobierno, pero también clave para regular las relaciones entre particulares y hacer viable la vida en común que requería —y lo sigue haciendo— de la intervención de hombres formados en letras y leyes.

Aunque se pueda señalar a la figura del escriba (Mesopotamia, Egipto, Roma...) como el embrión de la institución, no será hasta el siglo XIII cuando se configure como un oficio, ya bajo la denominación de "escribano". Oficio que surge —y se explica— en el marco de una Europa que vive el renacimiento del derecho romano, la consolidación de la Monarquía como forma de gobierno, la expansión urbana y la organización institucional de los municipios, el auge de la burguesía y la reactivación comercial y mercantil, sin olvidar la implantación progresiva del papel como soporte preferente de escritura. Cambios que impulsan la transformación de quien había sido un simple profesional de la escritura en un servidor público que, desempeñando oficio conferido por el rey, quedaba habilitado para dar fe pública, lo que equivalía a que todo documento salido de su pluma gozara de validez jurídica.

En la Corona castellana, a la que se incorporó el Reino de Granada tras su conquista en 1492, la primera regulación de su figura se remonta al Fuero Real de Castilla (1255). Años más tarde, en uno de los textos más importantes en la historia del Notariado, Las Partidas (1270-1280), se perfila ya con nitidez su oficio y se tipifica la documentación generada en el ejercicio de sus funciones. Rasgos que pervivirán hasta bien avanzado el siglo XIX, cuando se promulgue la Ley del Notariado de 1862.

Hasta ese momento, el oficio solo podía ser desempeñado por un varón, mayor de veinticinco años, lego, cristiano de buena fama y vecino del lugar donde ejerciese. Por supuesto, se le exigía ser versado en leyes, instruido en el arte de escribir, capaz de desempeñar de forma imparcial el oficio y de velar por la salvaguarda de los documentos que llevaran su señal. Escrituras que, tras su muerte o cese, los alcaldes estaban obligados a transferir a quien le sucediese. El escribano se convierte así en "archivero" cualificado de la documentación generada en el ejercicio de sus competencias, bien fuese como escribano del rey, encargado de escribir "los preuillejos, e las cartas, e los actos de la casa del Rey", bien como escribano público, responsable de redactar "las cartas de las vendidas, e de las compras, e los pleitos, e las posturas que los omes ponen entre sí, en las cibdades e en las villas".