La Reforma Agraria de la Segunda República
La redistribución de la propiedad de la tierra (1932-1936)
Hace noventa años, el 9 de septiembre de 1932, las Cortes de la Segunda República aprobaron una de las leyes más importantes de su primer bienio, la de Bases de la Reforma Agraria. Su pretensión era dar respuesta a uno de los problemas seculares de la sociedad espanola: el que afectaba a la propiedad de la tierra y su desigual distribución, con especial incidencia en una gran parte de Andalucía. Sin embargo, los problemas generados por algunos contenidos de la ley, el obstruccionismo que practicaron los propietarios, el reducido presupuesto que se aprobó para su aplicación o el boicot al que la sometieron los sindicatos anarcosindicalistas, de una notable implantación en muchas comarcas de la región, hicieron fracasar los planes de asentamientos inicialmente previstos.
La conocida como "cuestión agraria" que afectaba a la propiedad de la tierra y a su desigual distribución ha marcado la historia del siglo XX en Andalucía. La concentración en pocas manos de las tierras agrarias se consideraba la causa última de otros "males" sociales y políticos de España, y en especial de Andalucía, como eran el atraso del mundo rural, la pobreza de los braceros agrícolas o las relaciones de dependencia entre patronos y jornaleros, que tradicionalmente habían sostenido el caciquismo monárquico.
Los importantes movimientos huelguísticos que tuvieron lugar en Andalucía en los primeros años del siglo XX y los que luego se reprodujeron en el llamado "trienio bolchevique" conmovieron a los gobernantes y a la opinión pública y atrajeron la atención de intelectuales, escritores y estudiosos, preocupados por sus motivaciones y por la necesidad de encontrar soluciones a los mismos, más allá de mera represión a cargo de la Guardia Civil o las fuerzas del Ejército con la que casi siempre respondían los Gobiernos de la Monarquía.
Lo que no tardó en llamarse la "cuestión social agraria" era vista como la consecuencia de una llamada patología que al principio adoptó múltiples manifestaciones —conflictos, pobreza o desigualdadhasta que poco a poco se fue colocando en el primer plano el problema del acceso a la propiedad de la tierra. Se empezó a considerar que el desigual reparto de la misma y la existencia de grandes latifundios era la causa última del atraso en el que encontraba el mundo rural y el soporte de un sistema político oligárquico, al que los escritores regeneracionistas del 98 identificaban como el causante último de todos los males que se padecían.
Era un diagnóstico de la cuestión que también compartieron algunos políticos monárquicos, como José Canalejas, situado en la izquierda del liberalismo, que ya en 1902 había planteado una avanzada propuesta de intervención pública para resolver esta "cuestión agraria", cuyo eje principal debía ser el empleo de la ley de expropiación forzosa para luchar contra el latifundismo, un planteamiento que no salió adelante porque finalmente no fue compartido por el Gabinete del que formaba parte como ministro de Agricultura.
Sin embargo, el debate continuó al año siguiente -en 1903cuando por iniciativa regia se convocó un concurso cuyo título no podía ser más significativo: "El problema agrario en el Mediodía de España. Conclusiones para armonizar los intereses de propietarios y obreros. Medios de aumentar la producción del suelo". Finalizado el plazo de seis meses que tenía la convocatoria se presentaron 74 memorias, la mayoría de las cuales no consideraban al latifundio como la causa principal de la gravedad que tenía el problema agrario en Andalucía, probablemente por el encabezamiento que tenía el concurso, pero sí hicieron hincapié en el absentismo que practicaban los terratenientes por las consecuencias negativas que provocaba: abandono de muchas tierras, cultivos extensivos, sistemas inadecuados de arrendamientos o el empleo de los beneficios obtenidos en el campo para fines ajenos a su mejora.
Pero que la solución pasaba por algún tipo de reparto lo ponía en evidencia la creación en 1907 de la Junta para la Colonización y Repoblación del País, que tenía como objetivo asentar campesinos en las tierras que pudieran facilitar los ayuntamientos, sin prever en ningún momento la expropiación de fincas. Una situación que intentó resolver el citado Canalejas, cuando ya era presidente del Gobierno, al presentar un proyecto en las Cortes en el que se planteaba la posibilidad de que esta Junta pudiera comprar fincas y expropiar por causas de interés general aquellas que hubiesen sido regadas con obras financiadas por el Estado.