El Trienio constitucional es una etapa bien delimitada en la serie de alternativas políticas que, bajo la forma de violentos bandazos, caracterizaron a casi todo el primer tercio del XIX en España; un largo periodo que coincide, a excepción de sus ocho primeros años, con el reinado de Fernando VII. Aquel trienio, que realmente es casi un cuatrienio si observamos que abarca desde el 1 de enero de 1820 al 1 de octubre de 1823, viene jalonado por dos hechos de fuerza poco avenidos con la teoría política constitucional. Lo inauguró un pronunciamiento militar que tuvo como punto de arranque la sublevación por el teniente coronel Rafael del Riego de las tropas acantonadas en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. La insurrección se extendió a lo largo de un trimestre a otras guarniciones y, para aplacarla, el rey hubo de poner en vigor la Constitución de 1812. Otra intervención militar en 1823, la del Ejército francés de los "Cien mil hijos de San Luis", al que se sumaron 35.000 soldados de partidas guerrilleras españolas, ocupó con escasa resistencia las principales ciudades del país, y permitió a Fernando VII poner fin al periodo constitucional y restablecer el absolutismo.

Ambos hechos exteriorizaron un conflicto más profundo, que inauguró las disensiones ideológicas habidas durante y después del proceso que llevó a aprobar la Constitución de 1812. Precisamente en esta confrontación política se había apoyado el rey para no jurar el texto ni convalidar las otras reformas de las Cortes de Cádiz. Como alternativa, Fernando VII intentó retrasar el reloj político no ya a 1808 sino a 1789, pues sus primeros gobiernos intentaron engarzar con el administrativismo "golilla" del abuelo del monarca, Carlos III, que había personificado mejor que nadie su principal hombre de confianza, el conde de Floridablanca. Más relevante que la negativa del rey a jurar la Constitución gaditana fue, indudablemente, la represión que ejerció contra sus principales promotores. Los que no fueron encarcelados, fueron confinados en distintas provincias, o tuvieron que marcharse de España. Incluso los no perseguidos quedaron apartados indefinidamente de los asuntos públicos.

Era previsible que estas medidas de fuerza fueran contestadas por la fuerza. Entre 1814 y 1820, los partidarios del liberalismo, y singularmente su ala más radical, se lanzaron a organizar una serie de conspiraciones que fructificaron en, al menos, cinco pronunciamientos. La guerra civil que ya se estaba larvando se agravaría durante el Trienio y desembocaría en una violenta conflagración dinástica a la muerte de Fernando VII.

PRONUNCIAMIENTO DE RIEGO. Con todo, el pronunciamiento de 1820 no parecía, por su desarrollo, más prometedor que los que se habían frustrado antes. Había prendido en las tropas que, acantonadas cerca de Cádiz, esperaban a ser embarcadas para América, con vistas a combatir una sublevación que por entonces ya había tomado un matiz abiertamente independentista. La falta de abastecimientos y salarios, y la fiebre amarilla, habían rebajado la moral de los soldados, que nunca había sido muy alta, y que se trocó en manifiesto descontento cuando cundieron los rumores de que los barcos en los que debían cruzar el Atlántico no estaban en buenas condiciones. Varios oficiales liberales, con la anuencia en principio del propio jefe de la expedición, el general Enrique O'Donnell, lograron encauzar ese descontento en un alzamiento contra el absolutismo.