En 2022 se cumple el bicentenario del que es posiblemente el año clave del Trienio Liberal, 1822. Los acontecimientos de entonces marcaron su abrupto final que, como es conocido, se produjo tras una intervención militar promovida, no por la Santa Alianza como tal, sino por la Francia de Luis XVIII. Con ella, su gobierno había pretendido alentar un cambio político sobre la base de un régimen similar al que se había instalado en Francia tras la caída de Napoleón, una Monarquía moderada con una Carta Otorgada que pretendía asemejarse al constitucionalismo británico. No obstante, los soldados del duque de Angulema acabaron facilitando el triunfo de la rebelión absolutista liderada por la hasta entonces inoperante Regencia de Seo de Urgel. Esto pudo ser así porque Fernando VII ya no buscaba otra cosa que poner fin a la experiencia constitucional, cuyo despliegue desde el pronunciamiento de Riego en enero de 1820 había reforzado su convencimiento sobre lo perniciosa de aquella forma de gobierno para España, que bajo el modelo de la Constitución gaditana ponía en solfa las prerrogativas históricas de la Corona de un modo no distinto a como había sucedido durante la revolución francesa. Verdad es que, sobre todo a partir de 1824, el rey guardaría determinados equilibrios políticos y daría entrada en sus Gobiernos a realistas moderados, partidarios de adaptar la parte administrativa y económica del programa liberal. Una decisión que le suscitaría al rey el desvío cada vez más patente de los absolutistas intransigentes, los llamados "apostólicos", que luego constituirían el bando carlista durante la primera guerra civil. Con todo, aunque esos moderados trataron de convencer a Fernando VII de la conveniencia de ir hacia un régimen de Carta como el francés, la última década de aquel reinado volvió a significar la proscripción de toda política constitucional y, con ella, de cualquier intento de limitar la soberanía regia mediante el recurso a los Parlamentos. Habría que esperar a la regencia de la esposa del rey, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, para que esto fuera posible, ya en 1834 y bajo un Gobierno presidido por Francisco Martínez de la Rosa. No es casualidad que fuera este liberal granadino el encargado de pilotar la reforma política que dejaría atrás el absolutismo, porque fue ya en 1822 quien mejor la personificó desde su puesto de secretario de Estado (el actual ministro de Relaciones Exteriores que, además, desde los tiempos del conde de Floridablanca operaba también como un presidente del Gobierno oficioso). No fue el único liberal andaluz comprometido con el establecimiento, por la vía de la reforma de la Constitución de Cádiz, de un verdadero Gobierno parlamentario. Antes que él, Ramón Olaguer-Felíu tanteó este plan desde el poder ejecutivo durante el bienio de 1821 a 1822. Estos políticos coincidieron en la necesidad de que el Consejo de Ministros dependiera de la confianza de la Corona y de las Cortes y, de ese modo, sirviera de enlace entre ambas instituciones, de modo que se evitara su constante confrontación que iba en detrimento del régimen constitucional.