En la sesión celebrada por las Cortes el 12 de julio de 1820, el secretario de Despacho de la Gobernación de Ultramar, el granadino Antonio Porcel, leyó una memoria ilustrativa del estado de su Ministerio. El asunto no era irrelevante. A aquellas alturas del verano de 1820 buena parte de los territorios sobre los que recaía su jurisdicción se habían proclamado independientes de la Corona española o estaban en vías de hacerlo, aunque en el propio Ministerio lo ignoraran: "Las escasas noticias que se han recibido de Ultramar en este Ministerio en el corto espacio que ha corrido desde su restablecimiento, no son suficientes para dar a las Cortes una completa idea del estado en que se hallan aquellas provincias".

El caos informativo de los asuntos transatlánticos era total y la reorganización de las competencias y recopilación de documentos, dispersos en diferentes departamentos gubernamentales, la calificaba el propio ministro como indigesta, complicada, impertinente, prolija, embarazosa, pesada, desordenada e inconexa, sin que se pudieran encontrar siquiera las órdenes y disposiciones dadas por el Gobierno para los asuntos ultramarinos desde la restauración de las instituciones del Antiguo Régimen en mayo de 1814.

Ingenuamente el Gobierno creía que el fin del absolutismo traería la terminación de las hostilidades "entre unos mismos hermanos" y la "reconciliación y olvido eterno de todo lo pasado". El restablecimiento de la Constitución de 1812, la vuelta de las instituciones y las autoridades emanadas de la misma, la petición de envío de Diputados a las Cortes, Y la liberación de presos o confinados en la península, contribuirían a la pacificación de la España ultramarina sin cuya consecución todo el esfuerzo de renovación que el Gobierno pretendía resultaría inviable.

El 22 de julio había presentado Porcel el presupuesto de gastos de Gobernación de Ultramar para 1821, que alcanzaba la cifra de 1.368.235 reales. Realmente contemplaba únicamente las actuaciones en la península y la Comisión lo consideró como "muy arreglado" y, en su defensa, el ministro confesaba que había realizado un presupuesto de mínimos dadas las calamitosas circunstancias en que se hallaba la Hacienda nacional.

En armonía con la autorización para la vuelta a España de todos los emigrados por causa de Napoleón, con restitución de sus bienes y recuperación de sus derechos ciudadanos que las Cortes estudiaron el 8 de septiembre, Porcel apoyó la concesión de una amnistía general para los disidentes de las provincias de ultramar "sin que en ningún tiempo ni caso pueda procederse contra ellos por su conducta y opiniones políticas anteriores, con tal que reconozcan y juren obedecer al Rey y observar la Constitución".

Otras cuestiones ocuparon el interés de Antonio Porcel en las sesiones celebradas por las Cortes en 1820: defendió la diferencia de aranceles entre la metrópoli y los territorios americanos, la necesidad de un conocimiento estadístico del país, la desamortización prudente de los bienes del clero regular, y, cómo no, la contribución directa como sistema más justo y económico para el país.

Representante de un liberalismo moderado, Porcel apenas tuvo tiempo de llevar a cabo sus proyectos en un ministerio para el que fue nombrado el 17 de marzo de 1820, aunque no tomó posesión hasta el 14 de abril, y fue cesado el 29 de noviembre. Ocho meses dan para poco y menos en un ministerio en el que había que buscar los cimientos tras su inexistencia durante el Sexenio Absolutista. Porcel fue, además, ministro interino de Gobernación del Reino hasta la llegada a Madrid de su titular, Agustín Argüelles, el 16 de junio.