Durante las últimas décadas del siglo XIX la actividad pesquera y salazonera en las costas andaluzas, sobre todo las del golfo de Cádiz, alcanzaron una dimensión desconocida desde la primera mitad del XVII. Se trata de la consolidación de la actividad almadrabera, detentada por la Casa Ducal de Medina Sidonia, que desde 1725 comenzó a introducir almadrabas de buche, primero en El Terrón (Lepe) y después, ya en los años finales del XVIII, en Conil, sustituyendo parcialmente a las menos eficientes almadrabas de tiro. Pero también de la expansión de las salazones que se sustentó en la introducción, a principios del XVIII, de la técnica del salpresado de sardinas, que facilitaba una conservación más duradera, abriendo, además, nuevos mercados. Las capturas oscilaban entre 3.000 y 5.000 Tm que, una vez prensadas y estibadas, se comercializaban sobre todo en los mercados del Mediterráneo y, en menor medida, salpresadas, hacia grandes ciudades (Sevilla, Cádiz o Málaga) o por arrieros hacia la sierra y Extremadura.

Pero desde finales del siglo XVIII la actividad pesquera y, como consecuencia, el fomento y la producción de salazones se encontraba lastrada por dos factores relacionados. Por un lado, por la Matrícula de   Mar, y por otro, por el incremento del precio de la sal.

Desde 1740, la Matrícula de Mar había favorecido el desarrollo de las actividades pesqueras, dado que reservaba a los matriculados el acceso exclusivo a las profesiones marítimas a cambio de servir en la Real Armada un año de cada cuatro. Sin embargo, este sistema había colapsado en el periodo de guerras constantes comprendido entre 1793 y 1825, dado que en caso de guerra el servicio de los matriculados podía ser permanente, por lo que   las deserciones, ocultamientos y fraudes fueron constantes por la resistencia a ser reclutado. Solo en el Departamento de Marina de Cádiz, entre 1786 y 1799, el número de matriculados descendió un 20 %, habiéndose incrementado la cifra de los que estaban en campaña casi un 250 %, y mientras que la suma de los activos (tanto  los que estaban en campaña o presentes en las poblaciones) cayó un 38 %. Evidentemente, los no matriculados no podían acceder a las profesiones marítimas, por lo que  la dinámica bélica frustró en gran medida el desarrollo de la actividad pesquera.

Pero hubo otro factor que retrasó la recuperación de la actividad pesquera. Desde finales de la Edad Media la sal constituía un producto estancado cuyo monopolio lo detentaba la propia Corona, que aprovechaba esta situación para la obtención de fondos extraordinarios en épocas de especiales necesidades mediante la imposición de recargos sobre el precio básico, financiando así diferentes obras públicas, el mantenimiento del Cuerpo de Milicias, así como los gastos ocasionados por diferentes conflictos bélicos. Desde 1782, para favorecer   a los matriculados, se había establecido un “precio de gracia” a pie de fábrica de 10 rs. vn.(reales de vellón) por fanega para la sal consumida por pescadores y fomentadores. La situación cambia drásticamente   a partir de 1823 cuando se fija un precio general de 42 rs. vn. para todos los consumidores, elevándose aún más en 1834, de forma que entre dicho año y 1854 el precio a pagar por la sal se mantiene en 52 rs. vn. por fanega consumida, solo para las salazones y excluyendo el salpresado, siempre y cuando su producción fuese remitida por barco a una distancia superior a las 20 leguas, provocando una redistribución espacial de las actividades salazoneras. De esta forma, entre 1824 y 1835 el incremento del precio de la sal suponía pasar de un coste del 19,5 % sobre el valor de cada bota de sardina prensada al 50,6 %, desincentivando así no solo la producción de salazones sino también la del ejercicio de la pesca que competía en el mercado nacional con las importaciones de bacalao y arenque.