El 14 de abril de 1931, por primera vez desde la instauración hacía un siglo del liberalismo en España, se producía de manera pacífica, sin pronunciamientos militares, guerras civiles, ni golpes de estado, solo acudiendo a votar en unas elecciones municipales, un cambio trascendental de régimen político. Fue así como nació la Segunda República, la primera democracia española, de la que este año conmemoramos su 90 aniversario.
Tres días de abril
El advenimiento de la Segunda República en Andalucía
El 12 de abril de 1931 los españoles varones mayores de 25 años inscritos en el censo fueron convocados a unas elecciones municipales. Hacía casi una década, desde antes del golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923, que en España no se celebraban elecciones similares. De hecho, días después de la implantación de la Dictadura todos los alcaldes y concejales de los miles de municipios españoles fueron fulminantemente destituidos y cesados de sus cargos, al igual que quienes dirigían las diputaciones provinciales, los diputados a Cortes o los senadores. Desde entonces y hasta 1930 fueron los gobernadores de Primo de Rivera, aquellos "cirujanos de hierro" de sus respectivos territorios, quienes designaron a su antojo a los integrantes de las corporaciones locales y provinciales; siempre, claro está, escogidos entre los simpatizantes del general jerezano o entre los afiliados a la Unión Patriótica, aquél engendro de partido único "apolítico" impulsado, patrocinado y sostenido por la Dictadura.
Cuando en enero de 1930 Alfonso XIII decidió dar por finiquitado su apoyo a Primo de Rivera, "borboneándole" hasta precipitar su dimisión, uno de los primeros problemas con que se topó el rey y su recién designado nuevo jefe del Gobierno, el general Dámaso Berenguer, fue qué hacer con los ayuntamientos dirigidos por el personal de la dictadura. La solución encontrada fue ciertamente original: hasta tanto se emprendía la "vuelta a la normalidad constitucional" y se convocaban elecciones municipales, los ayuntamientos pasarían a estar constituidos por una mitad de los mayores contribuyentes de cada localidad y otra mitad de exconcejales que hubieran obtenido mayor número de votos en las elecciones parciales de 1917, 1920 y 1922.
Seguramente a los asesores que rodeaban a Alfonso XIII aquella medida debió de parecerles una jugada maestra: mediante un simple Real Decreto la "Dictablanda" de Berenguer se garantizaba el control sobre unas administraciones locales a cuyo redil volvieron a acudir en tropel las viejas clientelas caciquiles de siempre. Si es que en algún momento lo habían abandonado, pues durante la dictadura, especialmente en Andalucía, muchos clanes familiares, adscritos hasta 1923 bien al Partido Conservador o al Liberal, no dudaron en acabar pactando con el régimen primorriverista, engrosándose así las filas de la Unión Patriótica o del Somatén. Al fin y al cabo tampoco era un gran sacrificio para lo que realmente les importaba: volver a mandar "legalmente" en sus pueblos y recuperar sus cargos de alcaldes y concejales en sus respectivos municipios. Algo que, conociendo la mentalidad de los viejos caciques, la inmensa mayoría de ellos consideraban que era algo que les pertenecía por derecho de nacimiento.
Controlados así los ayuntamientos, ya habría tiempo para organizar unas elecciones que permitieran la "vuelta a la normalidad constitucional". Es decir, unas elecciones como las de siempre, dirigidas desde el Ministerio de la Gobernación, controladas por los gobernadores civiles y amañadas por los caciques de cada pueblo para que ganasen los que tenían que ganar: los adictos y amigos políticos. No en balde la norma que había hecho suya el régimen liberal oligárquico imperante en España lo expresaba con esta lógica: "al amigo el favor, y al enemigo la ley".
El general Dámaso Berenguer, nombrado jefe del Gobierno por Alfonso XIII en sustitución de Primo de Rivera.
Una de las últimas fotografías de Alfonso XIII junto al general Primo de Rivera, antes de la dimisión del presidente del Directorio en enero de 1930.
Sin embargo, desde comienzos de 1930 todo pareció irse conjugando en contra de los deseos de Alfonso XIII y de sus políticos cortesanos. El cambio de ciclo económico, tras el impacto provocado por el crac bursátil de octubre del 29 en Nueva York, estuvo acompañado en España de un incremento de las protestas y conflictos sociales, al tiempo que las exigencias de responsabilidades por la gestión de Primo de Rivera y sus colaboradores iban creciendo día tras día en la prensa independiente, en las declaraciones de los intelectuales, en las manifestaciones y alborotos protagonizados por los estudiantes universitarios, aglutinados en una combativa organización denominada la FUE...
Incluso políticos monárquicos tan destacados como Niceto Alcalá-Zamora o Miguel Maura anunciaron públicamente su ruptura con el rey, a quien consideraban incapaz de llevar a cabo la democratización y modernización que el país necesitaba, declarándose partidarios de una República, aunque de carácter católico y conservador. La publicación por Ortega y Gasset en el diario El Sol, en noviembre de 1930, de aquel demoledor artículo titulado "El error Berenguer" acabó por hundir la credibilidad del rey, al menos a los ojos de unas clases medias urbanas cuya desafección hacia el monarca y su régimen político había ido creciendo año tras año. Aunque exagerado en algunas de sus apreciaciones, las últimas palabras de Ortega, guía y referente junto a Unamuno de una gran parte de la intelectualidad española, resonaron como una terrible condena contra Alfonso XIII y la continuidad de la institución y el régimen político que representaba: "¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia".
Lo peor, no obstante, para los propósitos de Alfonso XIII vino a representarlo la creciente movilización que a lo largo de 1930 iban a protagonizar los sectores tradicionalmente opuestos a la Monarquía: republicanos en sus diversas ramas y liderazgos, socialistas, anarquistas, catalanistas... a los que se sumaron sectores procedentes del viejo liberalismo monárquico que reclamaban su espacio en la derecha republicana. El llamado Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) y la constitución meses después del auto titulado Comité Nacional Revolucionario, presidido por el cordobés Alcalá-Zamora, no eran sino reflejos de un fenómeno que, como una bola de nieve, fue creciendo a lo largo de 1930: la conciencia por sectores cada vez más amplios de la ciudadanía de que los problemas que España venía arrastrando desde al menos comienzos del siglo XX permanecían inalterados, y que el rey y su Monarquía eran incapaces ya de resolverlos.
Y ello con el agravante de que los siete años de dictadura si algo habían conseguido era vacunar a muchos españoles contra el miedo a la República, idea que fue configurándose en esos meses de "transición" como una alternativa viable y con cada vez más partidarios al viejo y desvencijado sistema de alternancias pactadas y de turno bipartidista diseñado por el malagueño Cánovas del Castillo, cincuenta años atrás. En realidad, lo peor para Alfonso XIII es que utilizado ya su último cartucho, el general Primo de Rivera, lo que ahora estaba en peligro era la continuidad de la propia institución monárquica. Y, con ella, los intereses y los privilegios de los sectores sociales que la Monarquía había protegido desde aquel pronunciamiento militar que restauró en su trono a los borbones, a las afueras de Sagunto, en un frío y lejano día de diciembre de 1874.
Mitin de Niceto Alcalá-Zamora en el Frontón Betis de Sevilla, el 25 de septiembre de 1930.
Cuando Alfonso XIII retiró su apoyo a Primo de Rivera, uno de los primeros problemas con que se topó fue qué hacer con los ayuntamientos dirigidos por personal de la dictadura
VÍSPERAS REPUBLICANAS. Entre los muchos errores en los que incurrió en los meses previos al 14 de abril de 1931 un rey sin duda bienintencionado, como fue Alfonso XIII, tres alcanzarían un nivel ciertamente sideral, o antológico. El primero fue permitir que a dos jóvenes oficiales, los capitanes Galán y García Hernández, que a la manera romántica y decimonónica se habían sublevado en Jaca a favor de la República, les fuera aplicada la pena de muerte a la que fueron condenados en juicio sumarísimo. La reacción sentimental que este hecho provocó en gran parte de la ciudadanía y la elevación a la categoría de mártires de la República de Galán y García Hernández acabaron con la imagen de un Alfonso XIII denigrado ya, por muchos, como el rey sanguinario. Como tantas veces ocurre, si lo que se pretendió fue dar una sensación de fortaleza, el efecto logrado fue justamente el contrario: a los ojos de muchos españoles, y no digamos ya de los decantados a favor de la República, la corona solo se sostenía ya manchándose las manos de sangre.
El segundo error no le fue a la zaga. El 18 de febrero de 1931 el rey decidió prescindir de los servicios como jefe del Gobierno del general Dámaso Berenguer, sin duda ya desgastado por la situación de anormalidad prolongada que vivía el país. Lo sustituyó por un veterano almirante de la Armada, gallego y de 71 años, que había participado como comandante en la batalla naval de Santiago de Cuba, en la guerra del 98. Se llamaba Juan Bautista Aznar. Un nuevo presidente a quien alguien con sentido del humor describió con estas palabras: "geográficamente procede de Cartagena y políticamente de la Luna...". De todos los candidatos para dirigir un buque que hacía aguas por todas partes Alfonso XIII sin duda eligió al peor posible.
Nunca como en aquellos meses de comienzos de 1931 la política española se pareció más a un sainete, o a una comedia bufa: Rafael Sánchez Guerra, liberal "constitucionalista", a quien el rey le había encargado que intentase formar gobierno, llegó a trasladarse a la Cárcel Modelo de Madrid para ofrecerle a los miembros del comité revolucionario, detenidos tras la fracasada sublevación de Jaca, que aceptaran entrar en su gabinete... Ni que decir tiene que Alcalá-Zamora y los suyos, muy educadamente, rechazaron el ofrecimiento. Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, el gran líder del Partido Conservador a comienzos de siglo, le espetó a Sánchez Guerra que "nosotros con la Monarquía nada tenemos que hacer ni que decir...".
Finalmente, en lo que sería el último de sus errores mayestáticos, fue el presidente Aznar el encargado de convocar para el 12 de abril de 1931 unas elecciones consideradas como el primer paso (quince meses después del final de la dictadura...) de la "vuelta a la normalidad constitucional". Convocar unas elecciones a Cortes se descartó por dos motivos: primero, el anuncio de las fuerzas opositoras de que no participarían en un proceso electoral que presumían sería tan amañado y falseado como lo habían sido siempre esa clase de espectáculos en España. Y segundo, porque si al final se convocaban y republicanos y socialistas concurrían ¿qué hacer si por un milagro las elecciones eran relativamente limpias y salía una mayoría antimonárquica en las Cortes?
Unas elecciones municipales parecía lo menos peligroso: al fin y al cabo este tipo de comicios siempre habían tenido un componente técnico-administrativo, además de político. Y los pueblos, las extensas y mal comunicadas zonas rurales, allí donde todavía vivían tres de cada cuatro españoles, seguían siendo los feudos de los viejos caciques, conservadores, liberales o upetistas, de sus clientelas familiares y amigos políticos. Si ni siquiera una dictadura "regeneracionista" de siete años había sido capaz de desalojarlos de los ayuntamientos, ¿qué iba a poder unas simples y poco importantes elecciones municipales?
Quienes sí comprendieron la oportunidad que se les brindaba fueron algunos dirigentes republicanos como el sevillano Diego Martínez Barrio. Semanas antes del 12 de abril, desde Hendaya (Francia), donde como miembro del consejo revolucionario se había refugiado para no ser detenido por la policía, don Diego le escribió a sus amigos transmitiéndoles su convencimiento de que el rey estaba herido de muerte, y que a pesar de los deseos de la corona esas simples elecciones municipales iban a convertirse en un plebiscito sobre la continuidad o el licenciamiento de la Monarquía. Como demostrarían los acontecimientos, no iba muy descaminado el número dos de Lerroux, futuro presidente del Gobierno, de las Cortes y de la Segunda República Española.
Gobierno presidido por el almirante Aznar, último gabinete nombrado por Alfonso XIII.
Juan Bautista Aznar fue designado nuevo presidente. Sobre él alguien con fino sentido del humor dijo que "geográficamente procede de Cartagena y políticamente de la Luna"
Cartel dedicado a los capitanes Galán y García Hernández, fusilados tras la sublevación de Jaca.
TRES DÍAS DE ABRIL. En la mañana del 12 de abril de 1931, como estaba previsto, se abrieron los colegios electorales. Días antes los monárquicos ya habían comenzado a preparar su triunfo electoral recurriendo al célebre artículo 29 de la ley electoral de 1907, que establecía que en aquellos distritos o circunscripciones donde solo se presentara una única candidatura la misma sería proclamada vencedora automáticamente, sin tener que acudir a las urnas. Por este procedimiento en 1923, en las últimas elecciones a Cortes celebradas durante la Monarquía constitucional, habían resultado "electos" unos 150 diputados en toda España. Obviamente el truco consistía en impedir, por el medio que fuera, que pudiera presentarse otra candidatura que no fuera la del candidato "oficial".
Que el poder de los caciques no había menguado gran cosa durante la dictadura lo acredita el hecho de que en Andalucía, el 5 de abril de 1931 (Domingo de Resurrección), unos 2.446 concejales fueron "elegidos" en aplicación del artículo 29. Ni que decir tiene que la inmensa mayoría de esos concejales eran monárquicos en sus diversas ramas (exactamente 2.239, el 91,5 % de los "electos"). Como resultado de esta triquiñuela en casi un tercio de los municipios andaluces, en 239, ni siquiera hubo que acudir a las urnas el 12 de abril de 1931. Este procedimiento fue especialmente utilizado en provincias como Granada (en 104 de sus municipios se aplicó el artículo 29), Málaga (38), Almería (29), Huelva (16), Sevilla (28)... En toda Andalucía se aplicó, afectando no solo a municipios de escasa población sino también a localidades de la entidad de Medina Sidonia, Almodóvar del Río, Bollullos, Marchena o Sanlúcar la Mayor. En el conjunto de España, el artículo 29 se aplicó en unos 3.000 municipios. Esos eran los "burgos podridos" a los que años después se referiría Azaña en sus Diarios.
El triunfo de republicanos y socialistas en casi todas las capitales andaluzas y los ecos de una general victoria republicana en casi todas las capitales españolas cortocircuitó a la Monarquía
Con estos precedentes no es extraño que la victoria de las candidaturas monárquicas en la Andalucía rural, a pesar de sus divisiones, enfrentamientos y malquerencias, se diera por descontada. Y así fue: en la inmensa mayoría de los 559 municipios andaluces donde teóricamente se votó el 12 de abril de 1931, sin apenas incidentes dignos de mención, la victoria de los monárquicos fue como siempre: indiscutible. Aunque de muchos municipios nunca llegaron a publicarse los datos completos, sabemos hoy que en al menos 210 obtuvieron mayoría los monárquicos, en 90 la conjunción republicano-socialista y que se registraron 13 empates.
La victoria monárquica debió de ser aún de mayor alcance, pues según los datos conocidos de las 5.311 concejalías en disputa los candidatos dinásticos obtuvieron 3.407, y algo más de la mitad (1.622) los de la conjunción. Todo pues parecía transcurrir más o menos conforme al guion trazado por Alfonso XIII y sus asesores; y sin embargo la realidad fue que en la noche del 12 de abril la Monarquía y su régimen se desmoronaba y se venía abajo a ritmo de vértigo, como un inmenso castillo de naipes, como un barco ya en pleno naufragio.
Entender este proceso es clave para comprender por qué se proclamó la Segunda República el 14 de abril de 1931. El triunfo sin paliativos de republicanos y socialistas en casi todas las capitales andaluzas (salvo en Cádiz) y los ecos de una general victoria republicana en casi todas las capitales españolas, cortocircuitó esa noche a la Monarquía. A estas alturas, en la España de los años treinta, todo el mundo sabía —el primero el rey— que solo en las grandes ciudades era posible palpar el verdadero sentir de la opinión pública, pues el arraigo del caciquismo en las zonas rurales convertía a sus resultados electorales en inoperantes para ese propósito.
Era en las grandes ciudades donde existían ciudadanos, es decir, personas conscientes de sus deberes pero también de sus derechos, y no simplemente súbditos o vasallos. Y en esa España urbana, en esa España más parecida a lo que era la Europa más desarrollada de comienzos del siglo XX, el repudio a la Monarquía y a cuanto ésta representaba no admitió lugar a dudas. El voto de las ciudades era el de miles y miles de ciudadanos que habían acudido a ejercer su derecho de sufragio; los "votos ficción" de los pueblos, en su inmensa mayoría, lo que representaba era la voluntad o el capricho del cacique de turno.
La República fue posible gracias al apoyo y confianza que los trabajadores y la pequeña clase media que habitaba las ciudades depositó en las candidaturas republicanas y socialistas; es decir, en las fuerzas tradicionalmente opositoras a la Monarquía. Porque era en las ciudades donde existía un electorado "moderno", que lentamente y merced a un paulatino proceso desarrollado en décadas anteriores había logrado al fin emanciparse de la tutela de sus notables y caciques locales.
Quien acabó por darle la última puntilla a Alfonso XIII fue —¿quién si no?— su presidente del Gobierno; aquél ínclito almirante Aznar que en la mañana del 13 de abril, a las puertas del Palacio Real y rodeado de periodistas, respondió así a las preguntas sobre una posible crisis de gobierno: "¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano?". Unas palabras antológicas, que pasarían a la Historia.
Triunfar ruidosa, ampliamente en las elecciones municipales
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"Una tarea importante cumple actualmente a todas las izquierdas: la de triunfar ruidosa, ampliamente en las elecciones municipales que van a convocarse. No es el próximo un problema electoral, sino una manifestación plebiscitaria sobre la continuación o licenciamiento de la monarquía"… [Por ello es necesario] "transigir temporalmente con quienes tienen con nosotros afinidades ideológicas, aunque el punto de contacto sea poco menos que imperceptible. Cuando a mí me flaquea la voluntad, para perseverar en la conducta dirijo atrás la mirada, pienso en 1873, y tomo alientos nuevos que expulsen toda tentativa de desunión...".
Carta de Diego Martínez Barrio (Hendaya) a Francisco Saval Moris (Málaga), 8 de marzo de 1931.
Horas después, cuando Alfonso XIII tuvo la certeza de que en casi todas las capitales habían triunfado las candidaturas republicano-socialistas, y que ni el Ejército, ni la Guardia Civil, ni los cuerpos policiales estaban dispuestos a usar la violencia para mantenerlo en el trono, comprendió que su única salida digna era emprender el camino del exilio. En una escueta nota publicada en los periódicos el propio rey reconoció que las elecciones le habían revelado "que no tengo el amor de mi pueblo", ante lo cual y sin renunciar a sus derechos, decidía provisionalmente suspender sus poderes y abandonar España, reconociendo a la nación española "como única señora de sus destinos...". Por lo cual, como se dijo ya entonces, para alcanzar el poder los republicanos solo tuvieron que recoger de la calle lo que los propios monárquicos habían dejado abandonado. Fue así como se produjo, el 14 de abril de abril de 1931, el advenimiento —más que proclamación— de la Segunda República; y con ella la instauración de la primera democracia española.
Las imágenes, las fotografías y los testimonios que han llegado hasta nosotros de aquella primavera coinciden siempre en mostrarnos a grupos alegres y alborozados que recorren calles y plazas, enarbolando banderas tricolores hasta en los más apartados rincones de la geografía peninsular. En la Plaza Nueva de Sevilla, en las Tendillas de Córdoba, en todas las capitales pero también en la inmensa mayoría de los municipios andaluces, el pueblo tomó las calles convirtiendo aquél día en una fiesta popular: izando banderas tricolores en los Ayuntamientos, suprimiendo a su paso símbolos monárquicos y acompañando y aclamando a sus dirigentes republicanos y socialistas, a tomar posesión de los edificios consistoriales. Manifestaciones pero no de protesta, sino de júbilo, alegría y esperanza; gentes llegadas de todas partes, sobre todo de los barrios más humildes, y que a las puertas de sus Ayuntamientos le dispensaron a sus últimos alcaldes monárquicos un trato respetuoso, despidiéndolos incluso entre aplausos, como en Sevilla al conde de Halcón. Una jornada festiva, en suma, que ni siquiera los incidentes y disturbios vividos en localidades como Huelva, Rota, San Roque, Granada o Sevilla logró empañar.
El advenimiento de la República, recibida como si de una especie de maná o regalo del cielo se tratase, fue un cambio bien acogido por la mayoría de los andaluces y andaluzas. Una explosión de alegría, con La Marsellesa y el Himno de Riego como bandas sonoras, fruto de la percepción de un pueblo que, por primera vez en su historia, tenía conciencia de haber conquistado pacíficamente, sin golpes de estado, guerras civiles ni pronunciamientos, su libertad y su democracia.
Realmente, ni el mejor adivino habría sido capaz de presagiar, aquel alegre, bullicioso y festivo 14 de abril de 1931, lo que el destino iba a depararle a nuestro país apenas cinco años después. Nadie habría sido capaz de adivinar por qué iba a fracasar aquella "niña bonita", aquella República de significados tan diversos para según qué colectivos sociales. O mejor dicho: por qué algunos iban a empeñarse tanto en hacer fracasar a aquella joven, inexperta y también bien intencionada democracia española. Pero eso es, lógicamente, parte de otra historia.
El 14 de abril en la Plaza Nueva de Sevilla.
Más información:
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Tusell Gómez, Javier.
La crisis del caciquismo andaluz (1923-1931).
Cupsa-Planeta, Madrid, 1977. -
Villa Rodríguez, José.
Andalucía en la Segunda República: las elecciones municipales de 1931.
Trabajo de Investigación de Tercer Ciclo/Universidad de Sevilla, 2012 (inédito). -
Álvarez Rey, Leandro.
"La crisis de la democracia republicana", en A. Morales Moya (coord.): El difícil camino a la democracia. Claves de la España del siglo XX.
Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, Madrid 2001, pp. 127-150.